Truth, Justice, Reparation and Memory: Justicia Transicional en Chile 2017

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos.

Sean cuales fueran los motivos de la trayectoria recorrida desde 2014, lo cierto es que muchas de las repetidas promesas oficiales de los años recientes, en cuanto a mejorar y profundizar el cumplimiento de los deberes estatales en la materia, no se han traducido en hechos consumados. Es emblemático entre esos imperativos el compromiso de legislar sobre el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pendiente desde hace más de una década y que ha sido materia de reiteradas recomendaciones, comentarios y exhortos de parte de instancias nacionales e internacionales. Hasta hace poco tiempo, se le sumaba la promesa que habría sido hecha en forma personal, a mediados de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet, a la sobreviviente Carmen Gloria Quintana, de cerrar el penal especial de Punta Peuco. Dicho compromiso adquirió nuevamente notoriedad y relevancia hacia fines del periodo del presente Informe. Primero, por la reiteración de la promesa y, segundo, por la reciente ofensiva de parte de algunos de los reos del privilegiado recinto para conseguir liberación anticipada, perdones y otras maneras de esquivar sus responsabilidades criminales. A la fecha de cierre de la presente edición (mediados de agosto de 2017), varios medios escritos informaron de la supuesta existencia de planes avanzados para concretar el cierre de Punta Peuco en septiembre de 2017, así como de contrapresiones articuladas alrededor del comando del candidato presidencial Sebastián Piñera. De concretarse la medida, su evaluación, en términos de constituir un avance en el cumplimiento de parte de Chile de sus obligaciones en justicia transicional, dependerá de los términos de su cierre. Se debiera procurar castigar proporcionalmente a crímenes que el derecho internacional considera dignos del máximo repudio, sin proveer a sus hechores de condiciones indebidamente distintas a las que se establecen para otras personas recluidas. Cualquier iniciativa que simplemente terminara dotando a lugares alternativos de reclusión, como la cárcel Colina I, del mismo tipo de condiciones especiales y superiores que han motivado controversia respecto de Punta Peuco, no representaría, en ese sentido, ningún avance.
Translated title of the contributionTruth, Justice, Reparation and Memory
LanguageSpanish
Title of host publicationInforme Anual de Derechos Humanos en Chile 2017
EditorsTomas Vial
Place of PublicationSantiago de Chile
Chapter1
Pages25-98
Number of pages73
Publication statusPublished - 1 Sep 2017

Fingerprint

Reparation
Justice
Mismo
Chile
Mirada

Cite this

(2017). VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA: Justicia Transicional en Chile 2017. In T. Vial (Ed.), Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017 (pp. 25-98). Santiago de Chile.
/ VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA : Justicia Transicional en Chile 2017. Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017. editor / Tomas Vial. Santiago de Chile, 2017. pp. 25-98
@inbook{59cf6f07a68e451685e1bf3cd1299193,
title = "VERDAD, JUSTICIA, REPARACI{\'O}N Y MEMORIA: Justicia Transicional en Chile 2017",
abstract = "En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado d{\'e} una respuesta {\'a}gil, s{\'o}lida e integral a los m{\'u}ltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparaci{\'o}n y garant{\'i}as de no repetici{\'o}n, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura c{\'i}vico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada m{\'a}s amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es dif{\'i}cil evitar el diagn{\'o}stico de dilaci{\'o}n e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinaci{\'o}n a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la pr{\'o}xima administraci{\'o}n, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepci{\'o}n de una din{\'a}mica de larga inacci{\'o}n, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de di{\'a}logo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos pol{\'i}ticos. Sean cuales fueran los motivos de la trayectoria recorrida desde 2014, lo cierto es que muchas de las repetidas promesas oficiales de los a{\~n}os recientes, en cuanto a mejorar y profundizar el cumplimiento de los deberes estatales en la materia, no se han traducido en hechos consumados. Es emblem{\'a}tico entre esos imperativos el compromiso de legislar sobre el Decreto Ley de Amnist{\'i}a de 1978, pendiente desde hace m{\'a}s de una d{\'e}cada y que ha sido materia de reiteradas recomendaciones, comentarios y exhortos de parte de instancias nacionales e internacionales. Hasta hace poco tiempo, se le sumaba la promesa que habr{\'i}a sido hecha en forma personal, a mediados de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet, a la sobreviviente Carmen Gloria Quintana, de cerrar el penal especial de Punta Peuco. Dicho compromiso adquiri{\'o} nuevamente notoriedad y relevancia hacia fines del periodo del presente Informe. Primero, por la reiteraci{\'o}n de la promesa y, segundo, por la reciente ofensiva de parte de algunos de los reos del privilegiado recinto para conseguir liberaci{\'o}n anticipada, perdones y otras maneras de esquivar sus responsabilidades criminales. A la fecha de cierre de la presente edici{\'o}n (mediados de agosto de 2017), varios medios escritos informaron de la supuesta existencia de planes avanzados para concretar el cierre de Punta Peuco en septiembre de 2017, as{\'i} como de contrapresiones articuladas alrededor del comando del candidato presidencial Sebasti{\'a}n Pi{\~n}era. De concretarse la medida, su evaluaci{\'o}n, en t{\'e}rminos de constituir un avance en el cumplimiento de parte de Chile de sus obligaciones en justicia transicional, depender{\'a} de los t{\'e}rminos de su cierre. Se debiera procurar castigar proporcionalmente a cr{\'i}menes que el derecho internacional considera dignos del m{\'a}ximo repudio, sin proveer a sus hechores de condiciones indebidamente distintas a las que se establecen para otras personas recluidas. Cualquier iniciativa que simplemente terminara dotando a lugares alternativos de reclusi{\'o}n, como la c{\'a}rcel Colina I, del mismo tipo de condiciones especiales y superiores que han motivado controversia respecto de Punta Peuco, no representar{\'i}a, en ese sentido, ning{\'u}n avance.",
author = "Cath Collins",
year = "2017",
month = "9",
day = "1",
language = "Spanish",
isbn = "9789563143928",
pages = "25--98",
editor = "Vial, {Tomas }",
booktitle = "Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017",

}

2017, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA: Justicia Transicional en Chile 2017. in T Vial (ed.), Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017. Santiago de Chile, pp. 25-98.

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA : Justicia Transicional en Chile 2017. /.

Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017. ed. / Tomas Vial. Santiago de Chile, 2017. p. 25-98.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

TY - CHAP

T1 - VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA

T2 - Justicia Transicional en Chile 2017

AU - Collins, Cath

PY - 2017/9/1

Y1 - 2017/9/1

N2 - En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos. Sean cuales fueran los motivos de la trayectoria recorrida desde 2014, lo cierto es que muchas de las repetidas promesas oficiales de los años recientes, en cuanto a mejorar y profundizar el cumplimiento de los deberes estatales en la materia, no se han traducido en hechos consumados. Es emblemático entre esos imperativos el compromiso de legislar sobre el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pendiente desde hace más de una década y que ha sido materia de reiteradas recomendaciones, comentarios y exhortos de parte de instancias nacionales e internacionales. Hasta hace poco tiempo, se le sumaba la promesa que habría sido hecha en forma personal, a mediados de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet, a la sobreviviente Carmen Gloria Quintana, de cerrar el penal especial de Punta Peuco. Dicho compromiso adquirió nuevamente notoriedad y relevancia hacia fines del periodo del presente Informe. Primero, por la reiteración de la promesa y, segundo, por la reciente ofensiva de parte de algunos de los reos del privilegiado recinto para conseguir liberación anticipada, perdones y otras maneras de esquivar sus responsabilidades criminales. A la fecha de cierre de la presente edición (mediados de agosto de 2017), varios medios escritos informaron de la supuesta existencia de planes avanzados para concretar el cierre de Punta Peuco en septiembre de 2017, así como de contrapresiones articuladas alrededor del comando del candidato presidencial Sebastián Piñera. De concretarse la medida, su evaluación, en términos de constituir un avance en el cumplimiento de parte de Chile de sus obligaciones en justicia transicional, dependerá de los términos de su cierre. Se debiera procurar castigar proporcionalmente a crímenes que el derecho internacional considera dignos del máximo repudio, sin proveer a sus hechores de condiciones indebidamente distintas a las que se establecen para otras personas recluidas. Cualquier iniciativa que simplemente terminara dotando a lugares alternativos de reclusión, como la cárcel Colina I, del mismo tipo de condiciones especiales y superiores que han motivado controversia respecto de Punta Peuco, no representaría, en ese sentido, ningún avance.

AB - En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos. Sean cuales fueran los motivos de la trayectoria recorrida desde 2014, lo cierto es que muchas de las repetidas promesas oficiales de los años recientes, en cuanto a mejorar y profundizar el cumplimiento de los deberes estatales en la materia, no se han traducido en hechos consumados. Es emblemático entre esos imperativos el compromiso de legislar sobre el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pendiente desde hace más de una década y que ha sido materia de reiteradas recomendaciones, comentarios y exhortos de parte de instancias nacionales e internacionales. Hasta hace poco tiempo, se le sumaba la promesa que habría sido hecha en forma personal, a mediados de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet, a la sobreviviente Carmen Gloria Quintana, de cerrar el penal especial de Punta Peuco. Dicho compromiso adquirió nuevamente notoriedad y relevancia hacia fines del periodo del presente Informe. Primero, por la reiteración de la promesa y, segundo, por la reciente ofensiva de parte de algunos de los reos del privilegiado recinto para conseguir liberación anticipada, perdones y otras maneras de esquivar sus responsabilidades criminales. A la fecha de cierre de la presente edición (mediados de agosto de 2017), varios medios escritos informaron de la supuesta existencia de planes avanzados para concretar el cierre de Punta Peuco en septiembre de 2017, así como de contrapresiones articuladas alrededor del comando del candidato presidencial Sebastián Piñera. De concretarse la medida, su evaluación, en términos de constituir un avance en el cumplimiento de parte de Chile de sus obligaciones en justicia transicional, dependerá de los términos de su cierre. Se debiera procurar castigar proporcionalmente a crímenes que el derecho internacional considera dignos del máximo repudio, sin proveer a sus hechores de condiciones indebidamente distintas a las que se establecen para otras personas recluidas. Cualquier iniciativa que simplemente terminara dotando a lugares alternativos de reclusión, como la cárcel Colina I, del mismo tipo de condiciones especiales y superiores que han motivado controversia respecto de Punta Peuco, no representaría, en ese sentido, ningún avance.

M3 - Chapter

SN - 9789563143928

SP - 25

EP - 98

BT - Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017

A2 - Vial, Tomas

CY - Santiago de Chile

ER -

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA: Justicia Transicional en Chile 2017. In Vial T, editor, Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2017. Santiago de Chile. 2017. p. 25-98